Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un fallo que sienta un importante precedente para proteger la libertad de expresión y el acceso a la información.Según el artículo publicado por R&TA, la Corte se expidió contra la gobernación de la provincia de Neuquen por retirar la publicidad oficial del diario Río Negro y ordenó que presente en 30 días un plan de distribución de la pauta publicitaria que no se a discriminatorio.El diario publicó en el 2002, una denuncia de corrupción que vinculaba a funcionarios públicos y al propio gobernador Jorge Sobisch, hoy candidato a presidente.La Corte, integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, sostuvo que el comportamiento del gobierno provincial “configura un supuesto de presión que lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa”.En tal sentido, el fallo remarca que el gobierno “debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que lleguen indirectamente a ese resultado”. Los jueces sostuvieron en el fallo que no es necesario acreditar “la asfixia económica o quiebre del medio”El excelentísimo Tribunal Superior de la Nación, siguió los lineamientos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo que “no hay un derecho de los medios para obtener una determinada cantidad de publicidad oficial”, pero sí existe un derecho “contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”.Hablando claro, un gobierno puede optar por dar o no publicidad, lo que no puede manejar la indiscriminadamente: “no puede manipular la publicidad, dándola o retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios”, si está o no de acuerdo con los contenidos de la línea editorial del medio. De acuerdo con la Relatoría el criterio debe ser neutro. Que el gobierno, ya sea Nacional. Provincial o Municipal no puede valerse de la pauta “como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”. Para finalizar, considera que el gobierno incurrió en un “ejercicio irrazonable” de facultades discrecionales ya que el gobierno no acreditó una causa justificada para la interrupción de la publicidad. NE.: En Merlo, éste echo es aplicado con nuestros medios por parte del gobierno municipal, con el agravante que se nos niega el acceso a la información oficial.
