Cinco millones más de personas en la pobreza, la falta de garantía de acceso a la vivienda, la alimentación, la salud y el trabajo, los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores del Estado, el desmantelamiento de las políticas públicas de Derechos Humanos, de protección contra las violencias de género y la discriminación, la quita del acceso gratuito a los medicamentos para las jubiladas y jubilados cuando sus ingresos se vieron disminuidos, el desfinanciamiento de las universidades públicas, la mentira
institucionalizada, la agresión como forma de comunicación, la naturalización de la crueldad, dan cuenta de la amenaza de quienes vinieron a destruir el Estado.
A un año de la asunción del gobierno neoliberal de Javier Milei y Victoria Villarruel, y a casi 30 años de nuestro nacimiento como agrupación y organismo de Derechos Humanos, nos encontramos con que se restringen cada vez más los derechos ciudadanos y que esto sucede con un mayor punitivismo ante las movilizaciones populares. Recientemente, en Orán, Salta, Fernando Gómez fue la primera víctima de la represión de la gendarmería de Bullrich.
Por simple decisión administrativa, la resolución 943/23, se puso en vigencia un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que habilita al gobierno a considerar que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia y permite que las Fuerzas de Seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan. Autoriza a la
Policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se movilizan con el fin de perseguirlas penalmente. El Protocolo respalda a la Policía en su accionar violento, arbitrario y de hostigamiento constante.
Con un Poder Ejecutivo que gobierna prácticamente por decreto y sin que los demás poderes le pongan casi ningún tipo de límite, el gobierno atacó las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, incluso discursivamente desde antes de su asunción, dejando en evidencia que era necesario su desprestigio para avanzar sobre todos los demás derechos del pueblo y para legitimar la represión.
Miles de trabajadoras y trabajadores que sostenían las políticas de Derechos Humanos, ya sea en sitios y espacios, archivos, programas de investigación, como también a través de las querellas de los juicios por delitos de lesa humanidad, fueron despedidos perversamente, incluso días antes de fin de año, a sabiendas del daño que ocasiona en cualquier familia el hecho de quedarse sin trabajo, y más en el contexto de las fiestas. A eso hay que sumarle el desfinanciamiento de absolutamente todas las áreas que dependían de
Nación y hasta la pretensión de poner a la venta lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde se desapareció a miles de personas.
El rol ya no sólo negacionista, sino reivindicador de la dictadura genocida del Estado es algo no sólo éticamente reprochable, sino constitucionalmente inviable. La inaceptable visita a los genocidas a las cárceles por parte de algunos legisladores del espacio gobernante pone en evidencia la intención de construir nuevos sentidos y consagrar la impunidad.
Los conceptos de “guerra”, “dos bandos”, y la remanida “teoría de los dos demonios” se pueden ver claramente en el intento de reabrir causas a militantes de organizaciones, como en los últimos días lo hicieron con la causa del atentado al Comedor de Coordinación Federal en CABA, al querer equiparar terrorismo de Estado con eventuales delitos
cometidos por civiles, por lo tanto, ya prescriptos. La estigmatización de organismos y militantes de derechos humanos, la banalización del proceso de justicia llamándolo “venganza”, la negación del plan sistemático y del número de desaparecidas y desaparecidos, y, sobre todo, el ensalzamiento de la política económica de Martínez de Hoz o de Carlos Menem, dan cuenta de un gobierno que no sólo pondera las políticas hambreadoras, sino que está dispuesto a implementarlas a costa de represión, tal como lo está haciendo. Todo lo que era orgullo y patrimonio de nuestro pueblo está siendo atacado, desfinanciado y estigmatizado: las universidades públicas, la ciencia y la tecnología, la salud y la educación pública, las políticas de ampliación de derechos que nos distinguieron como la ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, el Instituto Nacional contra la Discriminación, los juicios de Lesa Humanidad o la Ley de Protección Integral contra la Violencia de género, entre otras.
La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior dispuesta por elpresidente Milei mediante dos decretos es un retroceso sobre los derechos y las garantías democráticas que hemos sabido construir como Nación desde la recuperación de la democracia en 1983, luego de siete largos años en los que el país estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas y en un estado de sitio permanente.
Con enorme preocupación, vemos el avance represivo como la contracara de la pérdida de garantías: para quitarnos todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que hemos sabido conseguir y gozar, este gobierno necesita palos, gases, balas, cárcel y la entrega de nuestra soberanía.
Tenemos en nuestra piel y en nuestra memoria las marcas de lo que la represión militar y policial hace en los cuerpos y en los pueblos. Nuestra historia nos dice que más represión es más pérdida de derechos, de vida, de voces.
Repudiamos toda intervención sobre los derechos de los pueblos a ser libres, nos duele el genocidio en Gaza y las persecuciones e intervenciones en nuestra Patria Grande.
Nada que festejar este diciembre con niñas y niños que se van a dormir sin comer, con jubiladxs que tienen ingresos miserables y que deben decidir si cuidan su salud o comen, con un pueblo que mira azorado como destruyen la movilidad social ascendente, sin techo ni comida garantizados para cada vez más familias.
Las cárceles son para los genocidas, no para las niñeces y las adolescencias. Repudiamos los intentos de bajar la edad de imputabilidad, de facilitar el uso de armas a adolescentes, de promover las apuestas como salida económica en un contexto de sálvese quien pueda.
Nos preocupan los consumos problemáticos y la problemática de salud mental, que la falta de horizontes colectivos causa, principalmente en la juventud. La lucha por los Derechos Humanos es en tiempo presente. Todavía hoy desconocemos dónde están las 300 hermanas y hermanos que nos faltan. Aún no sabemos el destino final y donde están los cuerpos de nuestras y nuestros 30.000. Los delitos de lesa humanidad se siguen cometiendo mientras el pacto de silencio de los genocidas y sus cómplices no se rompa. También tenemos que señalar que la participación civil en el terrorismo de Estado sigue impune casi por completo.
El año termina con una gran noticia, con la felicidad de haber encontrado un hermano, el nieto 138, a quien le damos la bienvenida a la verdad y a esta inmensa familia de lucha que lo estábamos buscando.
En abril de 1995, cuando nos conformamos como organización, el silencio y la impunidad parecían invencibles. Entonces, nos hicimos una promesa: dijimos que lo imposible sólo tarda un poco más.
Hoy, que otra vez nos toca atravesar tiempos difíciles y de retroceso, las regionales que integramos la Red Nacional de H.I.J.O.S., reunidas en nuestro Encuentro Nacional, nos reconocemos en la historia de lucha, en el proyecto transformador de las y los 30000, en la fortaleza irreductible de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el pueblo que hizo de la lucha por los Derechos Humanos su mejor bandera y en la certeza de que con organización y lucha, lo imposible sólo tarda un poco más.
