La Patria torturada

Por: Dr. Horacio Poggi

Finalmente, los diputados libertarios que visitaron a los genocidas en el Penal de Ezeiza no serán expulsados de la Cámara baja. Este imperativo moral no ha encontrado el consenso necesario para ser reparador, al menos según lo discutido en las Comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, y Asuntos Constitucionales. Los visitantes fueron invitados a presentar sus descargos y, posteriormente, se tomará una decisión.

Este hecho es parte de la antipolítica que triunfó en el balotaje de 2023 con el 56% de los votos. Al hablar de antipolítica, nos referimos al abandono de los derechos humanos como política de Estado, un objetivo nacional compartido por los partidos democráticos que se materializó con el Juicio a las Juntas impulsado por Alfonsín en 1985 y el Pacto Constitucional de 1994 promovido por el Justicialismo. Ambos hitos institucionales fueron reafirmados y fortalecidos durante la presidencia de Néstor Kirchner, hasta que Javier Milei asumió la primera magistratura.

Algo se quebró en la ética republicana de los argentinos. Algo se resignificó, impulsado por una corriente de opinión tóxica basada en la megalomanía de un liderazgo amenazante, violento, profundamente antidemocrático y tiránico. Esta observación no tiene oportunismo político ni busca provocar un efecto revulsivo en el lector ocasional. Simplemente, levantamos la bandera de resistencia contra cualquier amenaza opresiva que socave la libertad civil y la preeminencia de la legalidad.

En dos años, se han producido dos hechos simbólicos que deberían conmover los cimientos de la civilidad argentina. Estos hechos están interrelacionados y representan una definición política imposible de ignorar si deseamos mantener la viabilidad de la democracia representativa. El primero es el magnicidio frustrado contra Cristina Kirchner, que ha pasado inadvertido y ha sido opacado por los medios de comunicación de los grupos económicos. El segundo es la visita de los legisladores libertarios a los genocidas. Ambos escándalos atentan contra la democracia y el Estado de Derecho. Si no comprendemos que son parte de una misma estrategia expoliadora, seguiremos acumulando malestar institucional.

Valorar ambos hechos es una obligación de todos los partidos democráticos. Para que la Patria quede libre de la tortura del poder criminal que nunca abandonó su proyecto tiránico y ha encontrado un sicario para regresar con otros métodos a la usurpación de la soberanía popular, de la riqueza de todos y de la República. La cadena de la diversidad es más fuerte que el odio de las minorías excluyentes. Demostrémoslo.

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